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Pbro. Pedro Pantoja Arreola

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Desde 1965, el ahora sacerdote Pedro Pantoja ha tenido la valentía y el coraje para defender y promover un espacio de justicia que pueda sustentar la construcción de una sociedad solidaria y respetuosa de los derechos de todas las personas.
Su primera lucha social se dio en los campos de cultivo de uva en el estado de California en Estados Unidos, a mediados de los 60s en dónde junto con los jornaleros mexicanos que trabajaban en estos campos, se dio a la tarea de exigir una remuneración más justa que se equiparara de cierta manera al trabajo que se estaba realizando. Luego de meses de dialogo y trabajo arduo, logró que se mejorara y se diera un salario más justo a las personas que trabajaban en el campo en aquel entonces. Todo esto sucedió siendo huésped en el campamento del activista chicano César Chávez en Delano, California.
Cuando regresó a México, al estado de Coahuila, por el contacto que tiene con los sectores más pobres de la sociedad, se unió a los movimientos de los obreros que eran explotados y junto con ellos exigió un trato digno, mejores condiciones laborales y un mejor salario. El movimiento tomó tal fuerza que los obreros de “CINSA Y CIFUNSA” se fueron a huelga, creando un precedente en la historia de Saltillo, ciudad marcada por la apatía de los sectores dominantes los cuales se vieron obligados a voltear, a mirar a los obreros, y a reconocer que tenían una clara duda con ese sector.
Luego de terminar el diálogo para la reincorporación laboral y logrando mejorar las condiciones laborales en ese sector, los sectores de poder decidieron sacar de la ciudad al P. Pedro Pantoja.
Después de terminar sus estudios de postgrado en Ciencias Sociales de la UNAM (México) y en la Universidad de Nanterre (París, Francia), inicia su trabajo con los mineros de la zona carbonífera de Coahuila, colaborando en las brigadas de salvamento en las explosiones continuas; en Mineral Las Esperanza, Minas de Barroteran, Mina La Luz y en La Morita.
De 1984 a 1992 acompañó al movimiento obrero metalúrgico en Monclova, Coahuila, en los conflictos de privatización de Altos Hornos que involucró despidos masivos y marchas de reclamo salariales. Al mismo tiempo acompañó como asesor latinoamericano del Movimiento Obrero en Brasil, Colombia, Paraguay, Bolivia, con el Movimiento Mundial de Trabajadores cristiano (MMTC).
En Acuña, el P. Pedro se vio nuevamente confrontado con la realidad de los migrantes, pues ésta ciudad fronteriza es un punto estratégico de cruce de los migrantes, pues esta ciudad fronteriza es un punto estratégico de cruce de migrantes mexicanos que se dirigen a los Estados Unidos.
Con el apoyo de la `población, decide crear una “Casa del Migrante” la cual pudiera brindar atención a la población que estaba a punto de cruzar la línea fronteriza para dirigirse a trabajar a los Estados Unidos.
Luego de este trabajo, en 1999, regresó a la ciudad de Saltillo y se enfrentó nuevamente con el fenómeno migratorio, pero ahora de centroamericanos, decidió iniciar un trabajo promoviendo y acompañando el trabajo de una nueva organización que se llamaría con el tiempo Frontera con Justicia, para hacer frente a los asesinatos, las desapariciones, y el conjunto global de violaciones a migrantes centroamericanos en su paso por Saltillo.
El Pbro. Pedro Pantoja Arreola es el asesor del proyecto Frontera con Justicia, A.C. el cual se creó para proteger los derechos humanos de las personas migrantes centroamericanas que cruzan, sin documentos migratorios, el territorio mexicano para dirigirse rumbo a Estados Unidos.
Por cinco años ininterrumpidos, con el acompañamiento y bajo la responsabilidad del Pbro. Pedro Pantoja, la organización se ha ido proyectando para dimensionar su quehacer en un proceso de profesionalización y consolidación que ha permitido ampliar los servicios con la única meta de responder de manera oportuna y precisa a las necesidades de las personas migrantes.
De esta forma, con la batuta del P. Pedro Pantoja, se han podido defender y promover desde hace 5 años, los derechos humanos de cerca de 14,000 migrantes documentados cada año, brindando alimentación, vestido, descanso, cobijo, protección, salud, capacitación y acompañamiento psicológico  y espiritual.
Una de las prioridades del P. Pedro  Pantoja, es crear y promover un estado y una sociedad civil de respeto para los Derechos Humanos de las personas migrantes, por ésta razón se vio en la forzosa necesidad de iniciar un proceso de concientización social a todos los niveles, es decir clero, estado y sociedad civil, e inició una campaña de socialización y conocimiento de la realidad del fenómeno migratorio a través del conocimiento y reconocimiento de los derechos que poseen estas personas en clara vulnerabilidad social.
El trabajo no fue sencillo, pues la población estaba temerosa de los “desconocidos” y existía una clara criminalización de las personas migrantes, que llegó al hostigamiento directo contra el P. Pedro Pantoja y el equipo de apoyo de la Casa del Migrante (Frontera con Justicia).
Luego de mucho trabajo directo con la población, se ha logrado el respaldo social que permite la protección de las personas migrantes, y son estos grupos que antes se oponían al paso de los centroamericanos los que ahora sostienen y mantiene la casa con su trabajo voluntario y sus aportaciones económicas y en especie.
Como líder y motivador del proyecto Frontera con Justicia, el P. Pedro Pantoja junto con su equipo, lleva la defensa de los derechos humanos de los migrantes ante los tribunales.
Tiempo más tarde, lograron en trabajo conjunto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la cual emitió una queja contra el Instituto Nacional de Migración y el gobierno estatal por violar los derechos humanos de las personas migrantes en Coahuila.
Cada año, la organización Frontera con Justicia y el P. Pedro Pantoja, convocan a la sociedad civil a dos eventos de suma importancia en el estado. L primero en los meses de mayo, en el cual se presenta un informe de derechos humanos, es decir, se da a conocer a la luz pública todas las violaciones que se pudieron registrar en un año de trabajo de la organización,  evidenciando a las autoridades y a los responsables específicos de tales violaciones.
En los meses de noviembre, se realizan las “Conversaciones con la Sociedad”, un evento en el que se pretende enfrentar a la comunidad con la realidad del fenómeno migratorio. En estas conversaciones, académicos expertos en el tema migratorio de todo el país, invitados y coordinados por el Pbro. Pedro Pantoja se reúnen en foros para dialogar con la comunidad y con los migrantes, de tal forma que se rompan los prejuicios, los malos entendidos y se promueva el respeto a la diversidad, a lo diferente, el respeto a los derechos humanos.

Actualmente, se está iniciando un proceso de acompañamiento y capacitación a comunidades por donde transitan los migrantes centroamericanos, para iniciar a crear un “cerco” de apoyo solidario y  de respeto a los derechos humanos de los indocumentados.
Así mismo, el P. Pedro Pantoja asesora nuevos proyectos en beneficio de migrantes en Torreón, Agua Prieta, Altar, Coatzacoalcos, y Tierra Blanca.
Compartiendo la lucha por el respeto a los Derecho Humanos de los migrantes, el P. Pedro Pantoja es miembro activo de redes nacionales e internacionales tanto laicas como religiosas que velan en bloque por el respeto a los Derechos Humanos de las personas y por una reforma de ley para que pueda sustentarlo.

 

Organizacion para el Futuro de los Pueblos Mixtecos

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La OFPM al igual que la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), proviene de la Organización del Pueblo Indígena Mixteco y Tlapaneco (OPIMT) mediante la cual desde hace 10 años comenzaron a documentar y denunciar pública y legalmente, abusos militares en comunidades del municipio de Ayutla, Guerrero.
Junto con la OPIM, la OFPM promueve el desarrollo de las comunidades de la región. Las dos organizaciones hermanas han denunciado casos de allanamiento, retenciones e interrogatorios ilegales por parte de integrantes del Ejército Mexicano.
Junto con viudas de la masacre de El Charco, la OFPM ha estado reclamando justicia para los 11 indígenas masacrados por soldados el 7 de junio de 1998; y exige lo mismo para los 18 indígenas de Ojo de Agua, La Fátima y Ocotlán que fueron esterilizados de manera forzada por la Secretaría de Salud, así como la justicia por la violación sexual cometida contra Valentina Rosendo e Inés Fernández.
A nivel estatal, la OFPM y otras organizaciones hermanas de derechos humanos han documentado y denunciado casos graves de violaciones de derechos humanos, que muestran el mismo patrón de criminalización contra los luchadores sociales. El caso del profesor Máximo Mojica es uno de ellos: fue levantado y luego torturado por la policía ministerial, lo arraigaron y le dictaron auto de formal prisión, junto con otras dos personas, por el delito de secuestro. Otro caso es el de Javier Torres, un campesino ecologista que fue detenido por el Ejército y también torturado, logrando escaparse después de varios días de cautiverio.
La OFPM documentó en abril de 2008 cuatro casos de violaciones a los derechos humanos consistentes en allanamientos, robo, daños, retenciones e interrogatorios ilegales efectuados por militares en comunidades indígenas mixtecas y tlapanecas. Estos casos ameritaron también la interposición de cinco quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) así como denuncias penales.
La más reciente atrocidad que las autoridades de los tres niveles de gobierno permitieron que se consumara de manera impune en contra de la OFMP, fue la detención arbitraria, la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de Raúl Lucas y Manuel Ponce, presidente y secretario respectivamente de la OFPM. Fue el pasado viernes, 13 de febrero de 20098, cuando Raúl y Manuel fueron detenidos de manera violenta por tres hombres armados que e identificaron como policías, mientras presenciaban la inauguración de una oficina para escuelas secundaria, en el boulevard principal de Ayutla.
Anteriormente Raúl Lucas había sido víctima de interrogatorios y de retención ilegal por parte de militares. El 24 de octubre del 2006, presentó una queja ante la CNDH en contra de soldados del Ejército Mexicano a  causa de la retención e interrogatorios ilegales a los que fue sometido el 18 del mismo mes. Por el mismo hecho interpuso una denuncia penal ante la PGR dándose apertura a la averiguación previa número 355/2006 por los delitos de abuso de autoridad e intimidación. El 15 de febrero de 2007 sufrió una emboscada cuando viajaba sobre el camino de terracería que va de Ayutla a Roca Colorada. Fue emboscado por personas desconocidas y herido gravemente por un proyectil de arma de fuero que se impactó en su cuello. De manera milagrosa los médicos le salvaron la vida en el Hospital de Ayutla.
A pesar de encontrarse al borde de la muerte Raúl continuó su trabajo como defensor de derechos humanos y en abril de 2008 interpuso varias quejas ante la CNDH por actos de allanamiento, retenciones e interrogatorios ilegales cometidos por elementos del Ejército Mexicano.
El gobierno no puede evadir su responsabilidad sobre la muerte de los indígenas Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas por varias razones: por negarse a reconocer y respetar el trabajo de los defensores de los derechos humanos, por mantener una opinión contraria a la declaración de la ONU sobre los defensores, el calificarlos como “lucradores sociales”, por no atender los reclamos legítimos de las organizaciones sociales, por reprimir y criminalizar a los que ejercen el derecho a la protesta, por encubrir y proteger  a los violadores de derechos humanos, por alentar la militarización y todos sus abusos, por no combatir la impunidad entre las corporaciones policiacas, por consentir la tortura como método de investigación, por permitir el crecimiento de la delincuencia organizada que en varios casos es auspiciada por actores gubernamentales, por apoyarse en grupos delincuenciales para realizar el trabajo sucio contra las organizaciones sociales independientes y por darle trato de delincuentes a los indígenas de la OPIM  y de la OFPM,  que para los pueblos indígenas son dignos defensores y defensoras de derechos humanos.
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